Polémica por la venta desde el gobierno de fusiles semiautomáticos de alto calibre, por lo que se deberían de tener presentes advertencias sobre el peligro del 7,62 mm en el ámbito civil.
La difusión de campañas comerciales de Fabricaciones Militares para la adquisición directa del Fusil Semiautomático Liviano (FSL) en su local de la Avenida Cabildo encendió el debate sobre los riesgos asociados a la facilitación de armas largas de poder militar al público civil. Se estarían ofreciendo este tipo de armas de guerra, a través de la red social Facebook.
El FSL, variante semiautomática del reconocido FAL, utiliza el calibre 7,62 × 51 mm OTAN, una munición desarrollada para uso estrictamente bélico y policial. A diferencia de las armas cortas o los calibres deportivos tradicionales, proyectiles de este alcance cuentan con un poder de parada masivo y una penetración capaz de atravesar mampostería, chapa vehicular y chalecos balísticos estándar a distancias superiores a los 800 metros, pudiendo el mismo ser operado para disparos uno a uno o bien tipo ráfagas, ya que posee un cargador de quita y pon de 20 cartuchos.
Especialistas en seguridad ciudadana advierten sobre la peligrosidad que representa la proliferación de esta clase de armamento en manos privadas:
Poder destructivo intencional e incidental: El alcance efectivo del calibre 7,62 mm implica que un disparo erróneo o desviado en un entorno urbano puede causar víctimas fatales a cientos de metros del objetivo.
Riesgo de desvío al mercado ilegal: La presencia de fusiles de alto calibre en domicilios particulares incrementa el riesgo de robo o filtración hacia organizaciones delictivas, dotando al crimen organizado de una potencia de fuego capaz de superar los chalecos y blindajes de las fuerzas de seguridad locales.
Complejidad en el manejo: El peso, el retroceso y la capacidad de fuego de un fusil táctico requieren un adiestramiento continuo y una rigurosa evaluación psicológica que difícilmente se garantizan en un régimen de tenencia civil convenciónal.
A pesar de que el proceso exige trámites ante el organismo regulador (ANMaC), el acceso a armamento con prestaciones de guerra reactiva la discusión sobre los límites en la comercialización de armas de fuego y la necesidad de priorizar la seguridad colectiva.
