Se puso este 5 de Septiembre en vigencia el Nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional. ¿Estarían preparados los estamentos judiciales, habría lugares preparados para albergar a estos menores?
A partir de este 5 de septiembre, comenzó a regir en la Argentina la Ley Nº 27.801, una normativa que transforma de manera integral el tratamiento judicial hacia los adolescentes en conflicto con la ley. La medida reemplaza un marco legal con décadas de antigüedad y busca responder a un reclamo social persistente, combinando la responsabilidad penal con alternativas de reinserción.
A los 14 años, los actos tienen consecuencias judiciales
El cambio de mayor impacto es la baja en la edad de imputabilidad, ya que desde ahora, los adolescentes de 14 y 15 años pueden ser procesados e imputados penalmente si cometen un delito previsto en el Código Penal.
No obstante, la ley aclara que la cárcel no es la primera respuesta. Para faltas o delitos sin violencia grave, se dará prioridad a medidas restaurativas como trabajos comunitarios, reparación del daño a las víctimas, restricciones de acercamiento y monitoreo mediante tobilleras electrónicas.
Límites claros y responsabilidad familiar
Para los casos más graves en los que corresponda la privación de la libertad, el nuevo régimen fija un tope máximo de 15 años de condena y prohíbe de forma expresa la prisión perpetua para menores. Además, la ley contempla la responsabilidad civil de los padres o tutores, quienes deberán responder económicamente por los daños ocasionados por sus hijos.
El desafío de su aplicación en el Chaco
En el plano provincial, los Fueros de Niñez, Adolescencia y Familia, junto a las fiscalías correspondientes, ya adecúan su trabajo para intervenir bajo este nuevo esquema judicial. La norma exige estrictamente que ningún menor comparta lugares de encierro con adultos, por lo que el Chaco deberá garantizar el cumplimiento de las medidas en centros especializados de contención y reinserción socioeducativa.
Asimismo, se mantiene la protección absoluta de la identidad de los adolescentes, prohibiendo la difusión de sus nombres o rostros.
